La Censura ha vuelto: el CAC, tribunal censor por antonomasia, y a mayor gloria de los políticos que lo han nombrado a su imagen y semejanza, es la moderna versión de la censura política. Ya empieza a enseñar sus afiladas garras, y ha amenazado con aniquilar a las emisoras no afines al Régimen nacional-socialista, es decir, a la COPE, y a Punto Radio.
Mª Jesús Cañizares lo explica con todo detalle en el ABC de hoy:
La ley audiovisual convierte el CAC en el único tribunal censor de España
La concesión de licencias acordada el pasado viernes por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha sido tan contestada como fue en su día la aprobación de la Ley del Audiovisual de Cataluña que es, en definitiva, la que otorgó las amplias competencias que tiene ahora el citado órgano regulador, equiparables a las de un tribunal.
Como se sabe, el CAC ha decidido quitar frecuencias a Punto Radio y la Cope, lo que tanto Ciudadanos como el PP califican como un intento de «tapar la boca» a los medios no nacionalistas, por lo que pedirán explicaciones a su presidente, Josep Maria Carbonell. Se trata de la primera vez que una autoridad que se dice «independientes» adjudica y retira emisiones en España. Y ello es posible gracias a la ley aprobada por el Parlamento catalán en diciembre de 2005.
Gracias a esa normativa, el CAC puede imponer sanciones a los medios de entre 90.000 y 300.000 euros, así como suspender la actividad por tres meses, para las infracciones muy graves de esta ley.
La ley establece como infracciones muy graves el incumplimiento de los «principios básicos de regulación de contenidos» que obligan a «una información veraz», a distinguir claramente las informaciones de las opiniones y que limitan la libertad de expresión e información en función de derechos constitucionales como el respeto a la dignidad y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. También son infracciones de este tipo los incumplimientos de los horarios protegidos a la infancia y la difusión de publicidad subliminal, así como la negativa a someterse a la inspección del CAC. Para las infracciones graves se establecen sanciones de entre 12.001 y 90.000 euros y para las leves hay multas de entre 600 y 12.000 euros.
Pero los artículos realmente polémicos de la ley son los 51 y 52, donde se regula el procedimiento de otorgamiento de licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual. Entre otros criterios de adjudicación, se alude al «tiempo de emisión dedicado a contenidos informativos, el compromiso de contribuir al desarrollo de la industria audiovisual catalana, y la oferta de programas de interés social y de programación infantil». También se evalúa «el grado de uso del catalán y de fomento y difusión de la cultura catalana, y, si procede, del aranés».
A la espera de que Carbonell aclare los motivos por los que Punto Radio y Cope han sido privados de sus licencias, mientras que Planeta y Grupo Godó se han visto beneficiadas, Ciudadanos y PP están convencidos de que el Gobierno tripartito —PSC, ERC e ICV— está detrás de la decisión del CAC.
Retroceso peligroso
Cuando se aprobó la ley catalana, muchas voces del sector expresaron su inquietud, máxime si se tiene en cuenta que el futuro Consejo Audiovisual español quiere inspirarse en el CAC. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) advirtió en su día que la aprobación de la Ley Audiovisual de Cataluña otorgaba al CAC «poderes sancionadores que afectan al ejercicio de las libertades de expresión y de información, supone una clara restricción en el ejercicio de dichas libertades, garantizadas por la Constitución, y significa un retroceso peligroso en los derechos de los ciudadanos».
Según este organismo, la ley «resucitaba la censura» y los «tribunales de honor» de la época franquista, pues otorgaba al CAC incluso la capacidad de clausurar medios de comunicación sin necesidad de orden judicial. Por ello, la Federación de Asociaciones de Periodistas instó al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de esta Ley.
Críticas de la prensa
Así lo hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que dio lugar a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la suspensión cautelar de las competencias del CAC, que posteriormente fue revocada.
Todavía no hay sentencia definitiva. El Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) pidieron al Gobierno tripartito y al Parlamento catalán que restringiera las facultades sancionadoras del Consejo Audiovisual de Cataluña.
NOTICIA RELACIONADA (y muy curiosa, por cierto):
El presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, que este viernes ha cerrado dos emisoras de la COPE, defendió en un debate en el Parlamento autonómico en 1999 la continuidad de las emisoras de esta cadena cuyas licencias no fueron renovadas por el Gobierno de Pujol. Carbonell era entonces diputado autonómico del PSC.
Carbonell atacó entonces al gobierno de CiU con dureza (ver páginas 59 y 60 del Diario de Sesiones del Parlamento autonómico del 19 de mayo de 1999 -PDF-): “La segunda pregunta que nos ha de responder es la afirmación explícita de Jordi Pujol el día después -y en caliente, suponemos- de la adjudicación [de las frecuencias de radio], cuando dijo que la libertad de expresión no es para decir mentiras. Mire, señor consejero, la calumnia y la difamación son un delito. Si alguien cree que dice mentiras ha de ir a los tribunales. Dígame, consejero, ¿quién es el Gobierno [autonómico] para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ninguna parte consta que un gobierno tenga estas atribuciones. De pronto, el presidente de la Generalidad se convierte en un censor y, además, en un censor ejecutivo: hoy es la COPE, mañana puede ser cualquier otra emisora que no guste“.
E insistió: “Estas afirmaciones cambian la lógica de nuestro sistema democrático, al mezclar la condición de gobernante con la de juez, al introducir una forma de censura que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna de nuestras leyes. Esta es la segunda respuesta que hoy nos ha de dar”.
Josep Maria Carbonell también señaló: “Me he quedado muy sorprendido de que el director general hubiese reconocido que, efectivamente, habían primado la proximidad ideológica [en la adjudicación de frecuencias de radio]. Yo, francamente, no dudo de su palabra, ¿eh?, pero si esto se corrobora ¡es que es muy fuerte! Es objeto de anulación de la decisión, porque es un acto claro de desvío de poder -un acto claro de desvío de poder- por parte del Ejecutivo. Hoy nos deberían de decir y explicar muy claramente, ciertamente, con qué criterios adjudicaron y favorecieron algunos grupos, y fueron contra otros”.
Y concluyó: “Señor consejero -se me acaba el tiempo-, le quisiera pedir, en nombre del Grupo Socialista, que reconozcan que se han equivocado, que lo corrijan, que esto sería lo mejor; que el país no se puede permitir un quebranto como este. A Cataluña le hace falta más libertad y pluralidad en los medios públicos y privados. Hemos de romper silencios y favores que podrían pudrir las aguas del oasis. Nosotros queremos un país de puertas abiertas, un país que quiere ser más libre y aireado, y para serlo nos hace falta más libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Esto, consejero, es lo que está en juego”.
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