sábado, 14 de marzo de 2009

El Consejo de Estado hace su propuesta para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral


  • El Consejo de Estado propone que el Congreso tenga 400 diputados

El Consejo de Estado ha remitido un informe al Gobierno en el que, para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, plantea aumentar los diputados de 350 a 400, reducir de dos a uno el mínimo que se eligen en cada provincia y sustituir el sistema D’Hont para la atribución de escaños.El informe, que fue enviado el viernes por el Consejo de ministros al Congreso, fue solicitado por el Ejecutivo el pasado mes de junio para los trabajos de la subcomisión del Congreso encargada de debatir las reformas que se consideren necesarias para mejorar la ley electoral (LOREG).

A lo largo de 370 páginas, el Consejo de Estado analiza diversas cuestiones puestas sobre la mesa para reformar el sistema electoral, y en el apartado relativo a la elección de diputados, el textosubraya que hay aspectos que podrían ser susceptibles de mejora para garantizar la igualdad de electores y partidos políticos en el proceso y para revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes.

Esta institución resalta que el hecho de que la LOREG fije una representación mínima inicial por provincia de dos diputados implica que el número de votos necesarios para la atribución deun escaño presente importantes desviaciones de unas circunscripciones a otras.

Para lograr una mejora en la igualdad del poder de voto, propone medidas como la reducción de esa representación a un diputado por provincia y el aumento a 400 del número de integrantes dela Cámara Baja. Esta cifra es la que cita la Constitución en su artículo 68.2 como límite máximo de diputados.

Con el fin de mejorar la proporcionalidad, expone también la sustitución de la fórmula D’Hondt por otra distinta, y señala que el denominado método Hare sería, según las simulaciones realizadas, el que aportaría la mayor proporcionalidad.

A ese objetivo contribuiría también el hecho de que en el escrutinio de los votos, los restos sobrantes de los partidos en cada provincia (es decir, los sufragios que no han servido a las respectivas candidaturas para obtener escaños) se contabilicen de forma conjunta para la atribución de escaños adicionales.

Al respecto, el Consejo subraya que las objeciones de naturaleza constitucional que suelen oponerse a este mecanismo de compensación parecen superables en la medida en que la provincia seguiría siendo la única circunscripción electoral, y sólo los votos sobrantes tras el escrutinio provincial podrían utilizarse para tal cometido.

El informe advierte de que el aumento de la proporcionalidad del sistema electoral determinará el acceso al Congreso de partidos que en la actualidad no tienen representación parlamentaria.
Asimismo, precisa que no es improbable que una modificación de la legislación electoral pueda originar, en función de las expectativas creadas, ciertos cambios en la intención de voto de los electores por el previsible trasvase del denominado voto útil desde los partidos mayoritarios a otros más pequeños.

Y también ve factible que, dada la mayor facilidad para obtener representación, el número de candidaturas electorales se incremente, lo que llevaría a una mayor fragmentación parlamentaria, “aunque no necesariamente excesiva”.

El Consejo de Estado recalca que “la decisión final acerca de la modificación de la legislación electoral debe adoptarse haciendo balance de las posibles ventajas e inconvenientes que la introducción de aquellas traería consigo”. “La búsqueda de un equilibrio entre representatividad electoral y estabilidad parlamentaria -añade- es, en definitiva, la clave del éxito de cualquier régimen electoral”.

NOTA DEL BLOGGER: Esta propuesta coincide en gran medida con los planteamientos de Ciudadanos, mejorando sensiblemente (y sin necesidad de modificar la Constitución) la representatividad de los ciudadanos respecto a la situación actual. Altamente recomendable.

1 comentario:

GIME dijo...

Si hacen caso a todo lo sugerido por el Consejo de Estado, se dificultará la gobernabilidad y aumentará la fragmentación parlamentaria. Si solo hacen caso a la primera parte continuará el trato desigual entre partidos de ámbito estatal y los similares en número de votos pero de ámbito autonómico, es decir continuará la injusticia después de 30 años.