Insurrección anticonstitucional (de diseño) en Cataluña

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(artículo de José Antonio Zarzalejos, publicado en El Confidencial)

En el nacionalismo catalán existe una cierta tendencia a la insurrección anticonstitucional. El 6 de octubre de 1934 -en plena II República, gobernada entonces por el Partido Radical de Lerroux, apoyado por la CEDA- Lluis Companys, a la sazón presidente de la Generalitat, declaró unilateralmente el Estado catalán “en la República Federal Española”. La secesión se quedó en nada, como la que, años antes, en 1931, intentó Maciá. Pero a la insensatez de Companys le precedió un debate vivísimo sobre la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Constitucionales republicano -vaya casualidad- que anuló una ley autonómica sobre los rabassaires. Me remito a la historia porque los nacionalistas catalanes no dejan de hacerlo para justificar lo que ellos consideran la realidad nacional catalana. El viernes 11 de septiembre Cataluña celebrará la Diada en recuerdo de la caída de Barcelona en 1714 ante el ejército de Felipe V que, años después, en 1717, dictó los Decretos de Nueva Planta y abolió con ellos el autogobierno de la región, manteniendo intacto el de los territorios vascos fieles a la causa del Borbón en la Guerra de Sucesión.

Esta Diada-2009 está siendo precedida de un ambiente insurreccional contra la eventual sentencia del Tribunal Constitucional que ha de examinar la adecuación del Estatuto catalán a la Constitución. Artur Mas, líder de CiU, ya ha advertido que el alto tribunal está “caduco” y alertado sobre “una reacción popular en la calle” si la sentencia enmienda el texto estatutario. Ernest Maragall, hermano del ex presidente Pasquall Maragall, consejero de Educación de la Generalitat, ha propugnado que la sentencia, de ser desfavorable al Estatuto, simplemente sea desconocida, mientas en Arenys de Munt se ha querido organizar -a la vasca- una consulta sobre la estatalidad de Cataluña impedida en última instancia y sólo de momento por el juzgado contencioso-administrativo nº 14 de Barcelona. Al tiempo, surgen como setas segundas marcas de los partidos en forma de organizaciones ciudadanas para agitar el ambiente y se suceden las declaraciones que niegan competencia y hasta legitimidad del TC. El argumentario para hacerlo es estrictamente político y desprecia lo jurídico: se trata de un pacto, dicen unos (¿qué ley no es el resultado de un pacto?); lo que el pueblo ha refrendado no lo puede enmendar un tribunal dicen otros… y hasta los ministros de Justicia y de Interior salen a la palestra para abogar por la constitucionalidad del Estatuto.

El TC no es un ejemplo de buen funcionamiento. Ayer volvió a los debates sobre la ponencia redactada por la magistrada Elisa Pérez Vera pero los desacuerdos persisten. Algunos magistrados están en prórroga desde hace años; otro, recusado en la impugnación del PP (Pablo Pérez Trems), otro más, Javier Delgado, mermado por una enfermedad; y cabe recordar que Roberto García Calvo, líder del grupo de magistrados conservadores, murió de manera fulminante hace unos meses. El Constitucional, además, se ha sobreseído en todos los plazos razonables y su presidenta, María Emilia Casas, no da la sensación de autoridad y prestigio necesarios para abordar con firmeza la situación. Pero el alto Tribunal es una pieza clave de la ingeniería jurídico-política del sistema. Imprescindible, aunque renqueante. La sentencia, en consecuencia, se retrasa ofreciendo así en Cataluña un margen insurreccional a los nacionalistas que tienen noticia cierta de que seis de los diez juzgadores podrían imponer una resolución con fuertes tachas de inconstitucionalidad al Estatuto. Si el otrora conservador Guillermo Jiménez -nombrado a propuesta del PP- y el progresista Manuel Aragón, son coherentes con sus tesis académicas, la sentencia (6 contra 4) tendría que ser desfavorable a todos estos extremos contemplados en el Estatuto: la definición de Cataluña como “nación” (y no importa que sea en el preámbulo) porque según la Constitución sólo existe la nación española; tampoco sería admisible referirse a los “símbolos nacionales de Cataluña”; resultaría inconstitucional la bilateralidad Cataluña-Estado, la depredación de competencia exclusivas de la Administración Central, el deber de conocer el catalán y el poder judicial autonómico, entre otros varios aspectos. Como acaba de declarar el presidente socialista de Castilla-La Mancha “es inasumible” que Cataluña se constituya en nación.

Los catalanes saben que el Estatuto no es constitucional

Si el TC no depura el Estatuto catalán de las flagrantes inconstitucionalidades, se habrá producido un auténtico fraude constitucional: a través de una ley orgánica estatutaria se habrá alterado el modelo del Estado español que es nacional, unitario y autonómico. Y eso es precisamente lo que pretenden suceda los nacionalistas catalanes, apoyados por socialistas irresponsables -¿cómo pudo Rodríguez Zapatero chalanear mano a mano en Moncloa con Artur Mas en 2005 “arreglando” el título de la financiación- que quizás no valoran en su verdadera trascendencia el movimiento insurreccional que se está labrando en Cataluña. Allí, saben perfectamente que el Estatuto no es constitucional porque lo reconoció el propio Pasqual Maragall, que lo impulsó: el ex presidente de la Generalidad llegó a la conclusión de que el texto autonómico sólo hubiese sido viable con una previa modificación de la Constitución.

O sea, que el problema político -que no social- que se nos viene encima con la parálisis del TC y la agresividad nacionalista (¿confiamos en el cordobés Montilla y en el “alma” españolista de Manuela de Madre, Corbacho y otros dirigentes del PSC con cierto sentido de Estado?) es de enorme envergadura. Digo que el problema no es social porque Barcelona es la tercera ciudad más feliz del mundo (después de Río de Janeiro y Sidney) según la compañía de investigación Gfk Custom Research North América y los catalanes los ciudadanos más felices de España según otra encuesta, en esta ocasión, elaborada por Coca-Cola España (“Informe de la felicidad en España”). Lo que contrasta con el victimismo y la queja permanente de la dirigencia nacionalistas catalana. Ya se vio el escaso entusiasmo ciudadano en el referéndum del Estatuto (no votó ni el 50% del censo), pero también es comprobable que, como en 1931 y en 1934, que la política y las aspiraciones ciudadanas no siempre coinciden y por ello es posible provocar una subversión de diseño que colapse el sistema constitucional. Atentos al viernes día 11 y a ese frágil y amedrentado TC que se consume en eternos debates sobre una serie de inconstitucionalidades tan evidentes que causan ceguera con sus destellos antijurídicos.

José Antonio Zarzalejos