25.02.08 - FERNANDO JIMÉNEZ
Publicado en EL DIARIO MONTAÑÉS
La corrupción política está ausente del debate electoral de las últimas semanas, salvo en el caso de Murcia. Pero la excepción que supone esta comunidad autónoma no se debe a la iniciativa de las principales fuerzas políticas, sino a las actuaciones de la Justicia, de ahí que resulte sorprendente que los partidos no dediquen excesiva atención a un problema muy real en nuestro país. Si atendemos a los indicadores de opinión pública sobre la percepción de la corrupción, los ciudadanos comparten una extendida desconfianza hacia la honestidad de su clase política: baste como dato que el 52% de los encuestados por el CIS en enero de 2007 consideraba que «bastantes» o «casi todos» los políticos están implicados en estas prácticas. Si tenemos en cuenta, además, los numerosos escándalos que se han ido sucediendo a lo largo del período democrático, o las evaluaciones efectuadas por algunos organismos internacionales como el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa, es evidente que tenemos un problema importante aunque, al compararnos con otros países, no resulte dramático.
Pero que ocupemos el lugar 25º entre 179 países en el último Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no debería llevarnos a sentirnos satisfechos con el funcionamiento de nuestros mecanismos de control y deberíamos exigir a nuestros representantes políticos -y no sólo a ellos- una estrategia mucho más decidida de lucha contra esta lacra. Utilizo intencionadamente esta palabra por los significados literales que le atribuye el diccionario: secuela o señal de una enfermedad o achaque; vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Estos dos sentidos se aplican perfectamente a la corrupción política por los efectos devastadores que tiene sobre la salud del sistema democrático cuando no se le pone coto a tiempo. Porque implica siempre que el poder de una autoridad determinada se pone al servicio de intereses particulares espurios en lugar de servir al interés general. Esto determina lo que la literatura especializada llama muy gráficamente la «captura del Estado". Es decir, la existencia de corrupción asegura unos cauces privilegiados de acceso al poder público (y a los recursos por él generados) para unos pocos intereses particulares.
Cuando un sistema político tolera o no lucha con suficiente eficacia contra estos brotes patológicos, las consecuencias suelen ser demoledoras. Las redes de corrupción dan lugar a sistemas de intercambio de recursos que suelen ser muy sólidos y que, si encuentran las circunstancias adecuadas -una cultura política poco exigente y un funcionamiento deficiente de las instituciones de control-, tienden a extenderse cada vez más. El ejemplo del GIL y su rápida expansión por toda la Costa del Sol ilustra muy bien este fenómeno. El resultado final es la deslegitimación de las instituciones pues, no en vano, la corrupción implica la violación de uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho de todos los ciudadanos a un trato igual por parte de los poderes públicos.
Es posible que algunos lectores de este artículo -por ejemplo, aquellos más en sintonía con el PSOE-, consideren que estoy siendo injusto al dar a entender que no se está actuando con suficiente contundencia frente a este problema cuando hemos tenido una legislatura muy prolífica en medidas contra la corrupción como el Código de Buen Gobierno (2005), la ley de regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado (2005), la nueva ley orgánica de financiación de los partidos (2007), la ley de contratos del sector público (2007) o la ley de suelo (2007). Es cierto que se han dado pasos importantes en una buena dirección, pero también que muchas de estas iniciativas podían haber sido mucho más efectivas sin mucho esfuerzo y con algo más de voluntad política. Otros lectores, como algún dirigente del PP con el que hablaba hace unas semanas, podrán objetar que, en realidad, y pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por la corrupción. Habría que reconocer de nuevo que hay mucho de verdad en esta apreciación. En los últimos seis años el porcentaje más alto de encuestados que ha señalado que éste era uno de los tres problemas principales del país no ha sobrepasado nunca el 3%.
Esa escasa inquietud nos sitúa ante una demostrada capacidad de los españoles para convivir con la corrupción como un mal menor, lo que encaja con una acendrada tradición popular de escaso reproche e incluso admiración hacia los comportamientos típicos de la picaresca. Estas actitudes constituyen un serio obstáculo para la lucha efectiva contra el problema y para el estímulo de los agentes que deben llevarla a cabo, al generar un clima de impunidad social que constituye un excelente caldo de cultivo para que florezcan estas prácticas delictivas.
Partidos políticos y medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en este terreno. La discusión pública sobre las prácticas corruptas de las que se tiene noticia suele filtrarse habitualmente a través de un prisma partidista que contribuye a fomentar las actitudes cínicas entre la ciudadanía. Y esto sucede tanto cuando se actúa como acusador (papel en el que los intereses electoralistas se anteponen al legítimo objetivo de limpieza de la vida pública), como cuando se trata de defender a los afectados por las imputaciones (donde la estrategia predominante consiste en arropar numantinamente a los acusados, al tiempo que se denuncian los intereses espurios de los acusadores). La conclusión social a la que conducen estos debates es a la de que «todos los políticos son iguales», no existiendo posibilidad real de tomarse la lucha contra la corrupción suficientemente en serio. Esta campaña electoral constituiría una excelente ocasión para que los partidos políticos asumieran la decisiva responsabilidad que tienen en esta tarea y nos obsequiaran con propuestas serias y con el necesario liderazgo que exige una tarea tan importante como ésta si queremos un sistema democrático eficiente.
Pero que ocupemos el lugar 25º entre 179 países en el último Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no debería llevarnos a sentirnos satisfechos con el funcionamiento de nuestros mecanismos de control y deberíamos exigir a nuestros representantes políticos -y no sólo a ellos- una estrategia mucho más decidida de lucha contra esta lacra. Utilizo intencionadamente esta palabra por los significados literales que le atribuye el diccionario: secuela o señal de una enfermedad o achaque; vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Estos dos sentidos se aplican perfectamente a la corrupción política por los efectos devastadores que tiene sobre la salud del sistema democrático cuando no se le pone coto a tiempo. Porque implica siempre que el poder de una autoridad determinada se pone al servicio de intereses particulares espurios en lugar de servir al interés general. Esto determina lo que la literatura especializada llama muy gráficamente la «captura del Estado". Es decir, la existencia de corrupción asegura unos cauces privilegiados de acceso al poder público (y a los recursos por él generados) para unos pocos intereses particulares.
Cuando un sistema político tolera o no lucha con suficiente eficacia contra estos brotes patológicos, las consecuencias suelen ser demoledoras. Las redes de corrupción dan lugar a sistemas de intercambio de recursos que suelen ser muy sólidos y que, si encuentran las circunstancias adecuadas -una cultura política poco exigente y un funcionamiento deficiente de las instituciones de control-, tienden a extenderse cada vez más. El ejemplo del GIL y su rápida expansión por toda la Costa del Sol ilustra muy bien este fenómeno. El resultado final es la deslegitimación de las instituciones pues, no en vano, la corrupción implica la violación de uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho de todos los ciudadanos a un trato igual por parte de los poderes públicos.
Es posible que algunos lectores de este artículo -por ejemplo, aquellos más en sintonía con el PSOE-, consideren que estoy siendo injusto al dar a entender que no se está actuando con suficiente contundencia frente a este problema cuando hemos tenido una legislatura muy prolífica en medidas contra la corrupción como el Código de Buen Gobierno (2005), la ley de regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado (2005), la nueva ley orgánica de financiación de los partidos (2007), la ley de contratos del sector público (2007) o la ley de suelo (2007). Es cierto que se han dado pasos importantes en una buena dirección, pero también que muchas de estas iniciativas podían haber sido mucho más efectivas sin mucho esfuerzo y con algo más de voluntad política. Otros lectores, como algún dirigente del PP con el que hablaba hace unas semanas, podrán objetar que, en realidad, y pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por la corrupción. Habría que reconocer de nuevo que hay mucho de verdad en esta apreciación. En los últimos seis años el porcentaje más alto de encuestados que ha señalado que éste era uno de los tres problemas principales del país no ha sobrepasado nunca el 3%.
Esa escasa inquietud nos sitúa ante una demostrada capacidad de los españoles para convivir con la corrupción como un mal menor, lo que encaja con una acendrada tradición popular de escaso reproche e incluso admiración hacia los comportamientos típicos de la picaresca. Estas actitudes constituyen un serio obstáculo para la lucha efectiva contra el problema y para el estímulo de los agentes que deben llevarla a cabo, al generar un clima de impunidad social que constituye un excelente caldo de cultivo para que florezcan estas prácticas delictivas.
Partidos políticos y medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en este terreno. La discusión pública sobre las prácticas corruptas de las que se tiene noticia suele filtrarse habitualmente a través de un prisma partidista que contribuye a fomentar las actitudes cínicas entre la ciudadanía. Y esto sucede tanto cuando se actúa como acusador (papel en el que los intereses electoralistas se anteponen al legítimo objetivo de limpieza de la vida pública), como cuando se trata de defender a los afectados por las imputaciones (donde la estrategia predominante consiste en arropar numantinamente a los acusados, al tiempo que se denuncian los intereses espurios de los acusadores). La conclusión social a la que conducen estos debates es a la de que «todos los políticos son iguales», no existiendo posibilidad real de tomarse la lucha contra la corrupción suficientemente en serio. Esta campaña electoral constituiría una excelente ocasión para que los partidos políticos asumieran la decisiva responsabilidad que tienen en esta tarea y nos obsequiaran con propuestas serias y con el necesario liderazgo que exige una tarea tan importante como ésta si queremos un sistema democrático eficiente.
Interesante reflexión la plasmada en este artículo, que comparto en su mayor parte. Aunque parezca que los españoles no están preocupados por la corrupción y la falta de calidad de sus políticos y las políticas de estos, existe un partido que desea regenerar la vida pública, y darle un nuevo aire. Ese partido es CIUDADANOS - Partido de la Ciudadanía, el único partido que se atreve a incluir en su programa electoral medidas destinadas a defender la democracia y regenerar la vida política. De entre esas medidas, extracto las siguientes:
(1.04) Reforma de la Ley electoral, para mejorar la relación entre votos y escaños. Disminución del poder de los aparatos de los partidos. Listas desbloqueadas mediante voto preferente.
(1.12) Limitación de mandatos a 2 legislaturas.
(1.13/4.14) Tabla Nacional de Retribuciones para representantes públicos y miembros de órganos ejecutivos del Estado. Pensiones de los parlamentarios sometidas al régimen general. Regulación de las pensiones y recursos de las altas dignidades del Estado.
(10.09) Reforzar los mecanismos de despolitización de la Justicia. Reforma del Consejo General del Poder Judicial.
(1.09/1.15) Referéndum. Participación mínima del 50% del censo para dar validez al resultado. Recurso previo de inconstitucionalidad en las leyes que requieran un referéndum para su aprobación.
(1.20) Relaciones entre los poderes públicos y los medios de comunicación.
- Refuerzo de la independencia, despolitización y profesionalización de los medios de comunicación públicos.
- Supresión de las subvenciones directas a los medios de comunicación privados y regulación, con criterios estrictos y objetivos, de las indirectas (publicidad institucional).
1 comentario:
Excelente análisis. La corrupción empobrece moral y económicamente a un país. Y la mayoría de la gente creo que no es consciente de la grave trascendencia de esas conductas.No hay que olvidar que los paises más castigados por la pobreza tiene unas clases dirigentes escandalosamente corruptas.
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