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En tres semanas se cumplirán tres años de la vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña y aún el Tribunal Constitucional no ha logrado pronunciarse sobre los siete recursos presentados contra él, sino que además parece que habrá que seguir esperando un tiempo a que sus señorías los magistrados elaboren su sentencia. Lo menos que se puede decir -y se dice- de este retraso en la fijación de la legalidad de una norma que se está aplicando es que resulta una chapuza que desacredita a una alta institución y que mantiene sobre la eficacia de la Constitución una sombra de inquietud. Con tal dilación inconcebible, quiebra la misión confiada al Tribunal de asegurar la adecuación de toda norma a la letra constitucional y se malgasta un instrumento defensivo de la legalidad.
Un efecto de la incertidumbre que provoca ese entumecimiento operativo lo sufre España estos días: de acuerdo con la ley recurrida, el presidente del Gobierno ha negociado bilateralmente con la Generalitat catalana la financiación autonómica y ha elaborado un nuevo modelo que parte de la cuota previamente pactada y que condiciona los fondos adicionales que las demás comunidades recibirán del Estado. ¿Qué pasaría si el Tribunal sancionara inconstitucional esta precedencia de la Generalitat? Habría que empezar otra vez, con la tensión y la inseguridad que el nuevo proceso generaría. Aunque la pregunta que muchos se formulan es esta otra: ¿Se atreverá el Tribunal a poner patas arriba el proceso ya consumado o cederá ante la desigualdad introducida en la España autonómica por el Estatuto catalán y ultimada por el jefe del Gobierno? Es evidente que esta pregunta contiene la sospecha de que el Tribunal se achicará, o sea, la falta de confianza en su firmeza. Pero el Tribunal se la está ganando.
Claro que, en estas circunstancias, Rodríguez Zapatero podría haber optado por encauzar con normalidad democrática el proceso y por demostrar que sus promesas de diálogo y de transparencia iban en serio. En vez de pactar con el principal partido de la oposición, en vez de convocar a todas las comunidades a estudiar la financiación, en vez de explicar a los ciudadanos lo que va a hacer con sus dineros, en vez, en fin, de aplicar el principio democrático de la luz y los taquígrafos, ha preferido apoyarse en su propio grupo y negociar con pequeños partidos, como ERC, que creen en el dinero pero no en España, para asegurar andamios personales a su política. Ha sido un espectáculo indecoroso el ofrecido por un Gobierno que subasta contingentes de dinero, como si fuera suyo, mientras los órganos colectivos de la democracia han de limitarse a esperar el resultado de las maniobras.
Yo me he acordado estos días de una vieja tira del humorista argentino Quino en la que se ve a Mafalda que consulta en el diccionario la palabra democracia y cuando lee la definición -«predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado»- estalla en una risotada incontenible. La verdad es que aquella carcajada quería ser más bien un lamento, como el que provoca este monumento a la chapuza que han erigido un Tribunal que no logra salir de su encierro y un político para el que no existen límites.
(Publicado en EL MUNDO)
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