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EL gobierno de la Generalitat aprobó ayer el proyecto de Ley del Cine, norma en la que el PSC y sus socios pretenden imponer una cuota lingüística del 50% -como mínimo- de películas en catalán o dobladas al catalán. Y todo ello bajo la amenaza de sanciones de hasta 75.000 euros si los cines incumplen esta norma. No hace falta decir que como siempre pasa con los caprichos nacionalistas, se preven subvenciones y ayudas para sufragar las salas que queden vacías por falta de demanda y, como siempre, «la fiesta» la pagaremos todos los ciudadanos de nuestros bolsillos.
Esta noticia no dejaría de ser otra habitual vuelta de tuerca más en la obsesiva imposición lingüística de Montilla, si no fuera porque es precisamente el partido que encabeza el cordobés el que paradójicamente lideró en 1998 la oposición a aquel intento fallido de Pujol de imponer cuotas del 25 % en los cines catalanes. Sólo hace falta ojear la hemeroteca, y leer las declaraciones de Narcís Serra, por aquel entonces, primer secretario del PSC, acusando a Pujol de «trabajar en contra de los intereses de Catalunya y de la convivencia, creando un conflicto entre las dos lenguas».
La incoherencia del PSC es insostenible y este proyecto es la culminación del proceso de mutación que ha sufrido el PSC desde la llegada de Maragall a la Generalitat hasta el fin de la legislatura de gobierno Montilla, que ha asumido y ha superado el discurso del nacionalismo más rancio e intervencionista. Aunque ya no sorprende que Montilla encabece esta política de decir una cosa y la contraria, si tenemos en cuenta que es el Presidente que prohíbe el uso del castellano en las escuelas públicas y lleva a sus hijos a escuelas privadas donde se enseña en castellano, catalán, inglés y alemán.
Pero el modelo lingüístico de Montilla es el menos respetuoso con la libertad que se conoce en democracia en nuestro país. Para el tripartito en el espacio público solo se debe usar una lengua oficial, «la nostra». En escuelas públicas, instituciones o medios de comunicación públicos solo se debe usar una de las dos lenguas oficiales, el catalán, y la otra, el castellano, debe dejarse de usar, incluso prohibirla, como ha hecho Montilla en la educación. Y en el espacio privado y, especialmente, en aquellos ámbitos donde los ciudadanos tienen «la mala costumbre» de hablar, consumir o disfrutar del ocio en castellano, la Generalitat se cuida de corregir ese «problema», imponiendo cuotas y sanciones a comerciantes, cines, o escaleras de vecinos que no usen el catalán. Es decir, el modelo del tripartito y de CiU es el monolingüismo en el espacio público, y la imposición en la esfera privada.
Desde Ciudadanos (C´s) seguiremos defendiendo justo lo contrario: bilingüismo en el espacio público, que es el espacio de todos y pagado entre todos, y libertad en el ámbito privado, para que los ciudadanos y las empresas utilicen la lengua oficial que les apetezca.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos (C's).
(Publicado en ABC)
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