Pido un ERE para el Gobierno (Antonio Burgos)

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Hay dos cifras de nuestra economía que todos los españoles nos sabemos de memoria: el número de parados y lo que ha costado el fichaje de Cristiano Ronaldo. Sería muy de desear que nos supiéramos de memoria también otra cifra más reveladora aún: el número de expedientes de regulación de empleo que ha habido en España y los cientos de miles de trabajadores que han puesto de patitas en la calle.

Tengo entendido que las autorizaciones de los EREs eran antes exigentísimas. Conozco más de un negocio que antes de que llegara la crisis se fue al garete porque habiendo pedido la regulación de empleo para poder sacar adelante la empresa, le fue denegada, y por no dejar sin pan a diez trabajadores quedó en la ruina toda la plantilla y completamente tiesos los accionistas. Ahora, por el contrario, para los EREs deben de dar aprobado general, por curso. Pienso así a la vista de cómo proliferan, y cómo van cayendo las torres más altas de las marcas más consolidadas, de las empresas hasta ahora más solventes.

Pero hay una parte de España a la que, ay, no le llega el ERE de ninguna de las maneras. Y cuando alguien osa presentar un expediente para que así ocurra, es inmediatamente rechazado. Me refiero a la clase política. Lo más sangrante de la situación social en España es que entre los cinco millones de parados no hay un solo político, un solo concejal, un solo diputado, un solo parlamentario autonómico, un solo subsecretario, un solo director general, un solo director de área (o de hectárea). La industria, la agricultura, el comercio, se adaptan con sangre a las nuevas realidades de la economía, pero la superestructura política permanece como si continuáramos amarrando los perros no con longaniza, sino con caña de lomo de Guijuelo o de Cumbres Mayores. ¿Cuántos asesores de la Moncloa ha sido regulados de empleo en vista del topicazo que repiten en las tertulias, esa imbecilidad de «con la que está cayendo»? Ninguno. Al revés: cada vez hay más asesores. ¿Cuántos cargos de confianza han sido suprimidos en las autonomías o en los ministerios? No hay noticia. ¿Y cuántas empresas públicas han sido lisa y llanamente cerradas, porque son en su mayoría una absurda y carísima duplicidad del organigrama de la Administración? Ninguna. No hay noticia de que la Empresa Pública de las Paparruchas haya sido cerrada o que haya sido suprimida la Empresa Pública de Chorradas Varias, que muchas por el estilo, o más inservibles todavía, hay en el gobierno central y en los autonómicos.

El canto de la gallina lo ha dado el partido gobernante en el Congreso. En un súbito ataque de sentido común, Izquierda Republicana de Cataluña presentó en el Congreso de los Diputados una moción para suprimir los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad. Ya saben ustedes qué le dijeron: «Rafaé, ¿quiés café?». Hubiera sido el máximo ejemplo de coherencia entre la predicación de las soluciones contra la crisis y el reparto de trigo para su remedio. Hubiera sido una maravilla. ¿Ustedes se imaginan que Bibiana Aído se hubiera ido a su pueblo, deshaciendo la peligrosa igualdad entre lo útil y lo inútil que ahora consagra su ministerio? ¿Se imaginan que la casi inédita Beatriz Corredor hubiera corrido hacia la supresión de un ministerio tan superfluo como el suyo Vivienda? Corto me parece que se quedaron los de ERC, porque habría que seguir insistiendo en la inutilidad de un Ministerio para una Sanidad transferida en toda España a las autonomías. Y de las tres vicepresidencias del Gobierno, ni te cuento. Estando Teresa Fernández de la Vega, ¿para qué sirven los otros dos vicepresidentes?

Por una vez y sin que sirva de precedente somos muchos los españoles que pensamos igual que ERC y que también pedimos un ERE para el Gobierno.

Antonio Burgos (publicado en ABC)