MULTILATERALIDAD = SOLIDARIDAD

En relación con el tema de los últimos artículos en este blog, la financiación autonómica, traigo aquí dos argumentos en contra del planteamiento que el presidente Montilla y los partidos catalanistas vienen manteniendo.

Por un lado, la respuesta de Albert Rivera, presidente de C's, insistiendo en el concepto de multilateralidad en las negociaciones de la financiación autonómica.

Por otro lado, la impecable argumentación legal del profesor Francesc de Carreras, no deja lugar a dudas en que no existe posibilidad de bilateralidad bajo las leyes vigentes actuales, al existir contradicción entre las normas autonómicas y estatales, que deberá ser resuelta por el T.C.

C's apoya la petición de Montilla de abordar la financiación pero insiste en que sea multilateral

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de C's, Albert Rivera, se mostró hoy de acuerdo con el presidente catalán, José Montilla, en la necesidad de abordar un nuevo sistema de financiación, pero insistió en que sea un diálogo multilateral, y no bilateral Estado-Generalitat.

En declaraciones a Europa Press, afirmó que "el debate de la financiación se debe producir en España", con un diálogo entre el Estado y las autonomías, en el marco de la Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Sobre la argumentación de Montilla de que el Estatut obliga a acordar otra financiación como máximo en agosto, Rivera recordó que esa justificación se basa "en aplicar una cláusula del Estatut que está bajo sentencia", ya que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse aún sobre los artículos del texto recurridos.

En cualquier caso, acusó al presidente de que "considera anticatalán a todo aquél que critique lo que se haga en Catalunya o lo que se gestione mal".

"Y además, es imposible"

Francesc de Carreras, en LA VANGUARDIA

Mayo 10th, 2008

Entre las muchas normas insensatas que contiene el Estatut de Catalunya está la que actualmente está llevando de cabeza a la Generalitat y al Gobierno español: el cumplimiento de la fecha de 9 de agosto como plazo máximo para el acuerdo de la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para concretar la aplicación de los preceptos del Título VI del Estatut dedicado a la financiación de la Generalitat. Este plazo está previsto en la disposición final primera del Estatut y muy probablemente no se va a cumplir. Además, jurídicamente, es más que dudoso que sea obligado cumplirlo.

Digo que muy probablemente no se va a cumplir, por lo menos en la literalidad del precepto, porque las negociaciones para llegar a un acuerdo dentro de la comisión mixta citada están todavía en sus comienzos y el acuerdo es muy complejo. Téngase en cuenta que, según otro precepto del Estatut, sus normas deben ser interpretadas armónicamente con la ley orgánica del Estado que regula la financiación autonómica, norma vigente cuya última modificación data del año 2001 y que precisamente debe modificarse de nuevo para adaptarla a las actuales circunstancias y a la demandas de Catalunya y de las demás comunidades autónomas.

Por tanto, si el Estatut debe interpretarse de acuerdo con dicha ley orgánica, lo lógico es que lo sea con esta ley ya modificada por el Estado, en diálogo con las demás comunidades autónomas, lo cual no es previsible que suceda en un plazo tan corto como es el que queda para la estival fecha del 9 de agosto. Además, según el Estatut, no se trata de un acuerdo sobre criterios básicos generales sino de “concretar la aplicación de los preceptos” de todo un título que contiene 20 artículos, ciertamente vigentes pero de muy complicado desarrollo y, además, pendientes algunos de ellos de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo lógico, si el carro debe ir siempre detrás de los bueyes, es que se espere a la modificación de la ley estatal para no llegar a un acuerdo sin valor práctico alguno, que deberá ser modificado inmediatamente tras la promulgación de dicha ley.

Pero, además, este acuerdo debe ser aprobado por una comisión mixta Generalitat-Estado y el Estatut, por su propia naturaleza, vincula a la Generalitat pero no puede vincular al Estado. Este es un problema de fondo en muchos otros artículos del Estatut y sobre el que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse. En consecuencia, a mi modo de ver - y la reciente sentencia sobre el Estatuto de Valencia ofrece importantes pistas sobre este punto de vista- el precepto del Estatut que fija el plazo del 9 de agosto no vincula a la parte estatal de esta Comisión mixta. En definitiva, cuando las cosas se hacen jurídicamente mal, todo acaba complicándose. Pero, como dijo el torero, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”.