miércoles, 28 de julio de 2010
El nacionalismo borra todos los rastros de españolidad: hoy les toca su turno a los toros
viernes, 23 de julio de 2010
C's reivindica la libertad de los presos políticos cubanos frente al Consulado en Barcelona y a la embajada en Madrid
martes, 20 de julio de 2010
Los socialistas se quitan la careta
CUANDO todavía se escuchan los ecos de "¡Libertad!, libertad, libertad...!" que pedían varios miles de aficionados, el pasado domingo, en la Monumental de Barcelona, el Partido Socialista Catalán (PSC), a través de su portavoz, Miquel Iceta, ha declarado que dará libertad de voto a sus 37 diputados el próximo 28 de julio en la votación de la ILP abolicionista de la Fiesta en Cataluña. El PSC ha jugado desde el primer momento a dos bandas. Si en la votación sobre las enmiendas hubiera votado en bloque -como lo ha hecho en otros temas, caso del aborto- a favor de la Fiesta, probablemente no hubiéramos llegado hasta aquí. Ya advertimos que el portavoz de este partido en el tema taurino, David Pérez, jugaba con fuego. En su momento dijo que apoyaba los toros, entre otras cosas porque "su prohibición costará a los catalanes 300 millones de euros". En varios medios de comunicación, e incluso en afirmaciones a la Mesa del Toro, afirmó que su partido votaría en bloque el próximo 28 a favor de los Toros y en este sentido ha mentido. Si tiramos de calculadora y no erramos, por la abolición de la Fiesta votarán los 33 diputados de Esquera e Iniciativa; entre tanto a favor de que los Toros continúen en Cataluña se encuentran 17 diputados, pertenecientes al PP y Ciutadans. Con este panorama, los 85 diputados restantes (48 de Convergencia y 37 del Partido Socialista) tendrán en sus manos la decisión definitiva. domingo, 28 de marzo de 2010
Albert Rivera: Volver a empezar
Esta semana se conmemoró, en el Parlamento autonómico, los 30 años de autogobierno catalán. El 20 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones a la Generalitat después de la entrada en vigor de la Constitución española y del Estatuto de Sau en 1979. Aunque algunos quieran obviarlo, el de la carta magna ha sido hasta la fecha el referéndum más apoyado en la historia democrática de Cataluña, prácticamente por el noventa por ciento de votantes y, a diferencia del Estatuto de 2006, el primer Estatuto catalán fue también, ampliamente, apoyado y demandado por la población catalana.Tres años antes, en octubre de 1977, el presidente Tarradellas al volver del exilio pronunció la esperanzadora e intencionada frase de “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”. Aquellas palabras demostraban que Tarradellas era consciente de que la Cataluña del 36 poco tenía que ver con la de aquellos años. Millones de ciudadanos habían llegado en las últimas décadas de otras partes de España en busca de oportunidades y habían hecho de Cataluña una sociedad plural, abierta, cosmopolita y pionera en la reivindicación de las libertades. Y la España de los años 70, a pesar de los cuarenta años de dictadura ya no era la España de los años 30, sino un país que empezaba a prepararse para entrar en las Comunidades Europeas y en plena expansión industrial.
Todo indicaba que la sociedad catalana había conseguido aquello que, de forma consensuada, anhelaba: una España autonómica que se reconocía plural en su Constitución, la co-oficialidad del catalán después de cuarenta años de uniformismo franquista y un autogobierno que se ponía en marcha inmediatamente después de la aprobación del Estatuto del 79, el Estatuto de todos los ciudadanos de Cataluña.
Pero, el primer discurso del primer presidente de la cámara, Heribert Barrera, constató que la histórica frase de Tarradellas iba a quedar enterrada, dando paso al comienzo de una etapa donde la losa del nacionalismo, bajo el concepto de la “construcción nacional”, iba a marcar el devenir de la sociedad catalana tres décadas. Barrera, líder de ERC, dijo que la nación catalana tenía como principal objetivo recuperar su plena soberanía. Empezaba una etapa donde era más importante ,en términos nacionalistas, “fer país” que “governar país”.
Y desde el primer día de autogobierno Jordi Pujol puso en marcha su proyecto, que consistía, básicamente, en utilizar las estructuras del Estado autonómico para construir la nación catalana. Para ello el pujolismo no dudó en utilizar todos los resortes que tuvo a su alcance durante veintitrés años. El adoctrinamiento en la educación -una de las competencias más deseadas por los nacionalistas-, el reparto de subvenciones que aseguraba la creación de una red clientelar al servicio de la causa nacionalista, una política lingüística que diluía el bilingüismo inicial recogido en la Constitución e impusiera el monolingüismo en catalán en la vida pública, la ocultación de la pluralidad social catalana y de la España autonómica a través de la manipulación del marco mental catalán en los medios públicos de la Generalitat, o el uso de los escaños de CIU en el Congreso con el único fin de que los sucesivos gobiernos centrales fueran cediendo competencias y no se inmiscuyeran en el avance de la construcción nacional catalana, fueron los principales usados por el inteligente y maquiavélico presidente convergente para ejecutar su estrategia.
Pero, en 2003, con la retirada de Pujol de la política activa existía la esperanza de que el PSC liderara una alternativa que pudiera cambiar el modelo de sociedad. Y a pesar de que hubo cambio de gobierno, siete años después podemos decir que Maragall y Montilla no solo han decepcionado a los que no somos nacionalistas, sino que han sido dos simples peones continuistas al servicio del pujolismo, encabezando un desastroso “artefacto” llamado tripartito.
La decadencia de la política catalana demuestra que el viejo y obsoleto catalanismo político del siglo XIX no puede gobernar la Catalunya del siglo XXI. Hay que abandonar el callejón sin salida hacia el abismo soberanista que nos divide, retomar el camino que emprendimos en el 79, y gobernar y legislar con políticas reales en aquello que nos une y nos preocupa a todos los catalanes. Como decía el presidente Tarradellas hay que dejar a un lado la política de ciencia-ficción -el Estatut, las vegueries, los referéndums, o las imposiciones y prohibiciones identitarias- para hacer política efectiva que solucione los problemas a los ciudadanos. Nuestra comunidad autónoma no debe ser un problema sino un referente dentro de una España cohesionada de ciudadanos libres e iguales. .
No será fácil girar la tortilla después de treinta años, pero los ciudadanos tenemos la última palabra en las urnas. Quien lucha puede perder, quien no lucha ya ha perdido.
Albert Rivera, Presidente de Ciutadans y diputado autonómico en el Parlament de Catalunya
jueves, 11 de febrero de 2010
Palabra de Jesús ... y de ZP

lunes, 18 de enero de 2010
Libertad 2.0 Manifiesto en defensa de nuestra libertad

1.- Los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el gobierno parainstaurar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles.
2.- Los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar en ningún caso derechos fundamentales de los ciudadanos ni se puede admitir que en su nombre se liquide la Justicia.
3.- La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no. Y tal es la medida que el gobierno ha introducido en el despojo legal llamado “Ley de Economía Sostenible”, al articular la Sección Segunda (SS), que será una comisión formada por personas designadas por políticos que decidirá qué contenidos son admisibles y cuáles no.
Entendemos que desde la Ley de Economía Sostenible se pretende, sobre todo, salvaguardar los derechos y privilegios de quienes de forma tradicional han contribuído al establecimiento de vías políticamente adecuadas a sus propios intereses y no al servicio de la veracidad informativa.
8.- El modelo propuesto por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevará, por el cada vez mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan, a la ruina a unos creadores, cuyo derecho de creación vulnera esta ley, engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión. Además, al introducir inseguridad jurídica, resultará notablemente dañina entre los empresarios del sector.
viernes, 18 de diciembre de 2009
Carlos Herrera: 'Otra vez a Perpiñán'

lunes, 14 de diciembre de 2009
Los costes de la libertad
Los costes de la libertad

En Cataluña, los disidentes padecen una palpable soledad y falta de libertad. Todos aquellos contrarios al pensamiento único catalanista, aquellos que tienen la valentía de salirse del marco de actuación dominante, saben que serán señalados y tildados injustamente de anticatalanes.
Cierto es que la democracia ha avanzado mucho en los últimos años en todos los países del mundo y que la principal atracción de ese avance es la atracción por la libertad.
Natan Sharansky, ex disidente en la dictadura soviética, político y activista israelí y uno de los más importantes líderes mundiales en la movilización por la libertad es también el autor de uno de los libros más lúcidos sobre la libertad, titulado Alegato por la democracia. En él, afirma que cuando los hombres tienen la oportunidad de elegir entre vivir con miedo o vivir sin miedo y en libertad, eligen vivir en libertad, con sus tradiciones, sus religiones, sus costumbres, sus diferencias y no bajo los enormes pies de la intolerancia. Pero también afirma que el presente arroja muchos puntos oscuros y algunos argumentos para el escepticismo en esas democracias supuestamente libres.
Cataluña es un buen ejemplo de ese claroscuro de la democracia, un lugar en el que la disidencia se paga con la exclusión, es marginada o tachada de extremista y siempre silenciada por el apabullante rumor del discurso único que lo invade todo, y con el que se ejerce una sutil coacción.
Así lo hemos vivido estos días quienes no nos hemos querido sumar al editorial escrito al dictado político, quienes no han querido renunciar a la libertad informativa, quienes se niegan a la imposición en nombre de una supuesta mayoría, quienes no están dispuestos a renunciar a exigir su libertad.
La soledad de los disidentes se palpa a diario en Cataluña. Todos ellos saben que serán señalados, silenciados y condenados a vagar en los márgenes del cordón sanitario excluyente, que serán condenados sin juicio como anticatalanes, pero, aún así, están dispuestos a rebelarse contra el totalitarismo disfrazado de supuesta democracia y a defender su libertad.
La libertad de un grupo de comunicación, para actuar al margen del dictado político que lo señalará como miembro de la caverna mediática. La libertad de un grupo económico que se desmarca de la presión ejercida para que asuma la reivindicación política bajo la amenaza de ser tachados de serviles. Una organización de inmigrantes, que vence el miedo a no asumir los acuerdos políticos preestablecidos, ante la sutil amenaza de perder la subvención que les permite subsistir.
La libertad de más de doscientos abogados que a riesgo de ser tachados de extremistas, en un manifiesto conjunto, exigen dignidad para su profesión y demandan responsabilidades a quien se arroga la representatividad de la totalidad de los colegiados en la realización de manifestaciones de contenido estrictamente político, careciendo de legitimidad para hacerlo.
La libertad de una asociación de jóvenes que discrepan del discurso único y cuyos actos se ven sistemáticamente boicoteados, silenciados y son calificados de extremistas por defender la nación a la que pertenecen y que les otorga su privilegio como ciudadanos.
El valor de unos padres que vencen el miedo a exigir la lengua de escolarización de su hijo, porque se sabrán solos ante la exigencia y recibirán como consecuencia el aislamiento y la marginación.
La valentía del presidente de una entidad deportiva que ante la insistencia de un grupo de activistas por la independencia de Cataluña, se niega a utilizar su club deportivo como un instrumento de reivindicación política.
Son situaciones que vivimos en democracia, también en ella pueden convivir disidencias que son habitualmente reprimidas por el temor, silenciadas por el discurso único, sociedades moduladas por el miedo a las consecuencias, donde el defensor de la libertad se ha convertido en un disidente, en un apestado social. Es la soledad de los disidentes que no se resignan, convertidos en discrepancia, en inconformismo harto de tanta imposición.
Decía Burke que para que triunfe el mal, sólo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Pues hagámoslo.
En Cataluña cada día se suman más voces al reclamo de la libertad. Cada día somos más, y estoy convencida de que cuando la gente vuelva a tener la oportunidad de elegir, abandonará la resignación y elegirá vivir en libertad.
Sólo necesitamos la determinación para conseguirlo, somos muchos los que queremos espantar esa resignación que les hace a ellos cada día más poderosos en su intolerancia.
Será en ese momento cuando Cataluña saboreará la verdadera libertad.
Carina Mejías, diputada en el Parlamento de Cataluña.
martes, 26 de febrero de 2008
LA CORRUPCION Y EL DEBATE ELECTORAL
25.02.08 - FERNANDO JIMÉNEZ
Publicado en EL DIARIO MONTAÑÉS
Pero que ocupemos el lugar 25º entre 179 países en el último Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no debería llevarnos a sentirnos satisfechos con el funcionamiento de nuestros mecanismos de control y deberíamos exigir a nuestros representantes políticos -y no sólo a ellos- una estrategia mucho más decidida de lucha contra esta lacra. Utilizo intencionadamente esta palabra por los significados literales que le atribuye el diccionario: secuela o señal de una enfermedad o achaque; vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Estos dos sentidos se aplican perfectamente a la corrupción política por los efectos devastadores que tiene sobre la salud del sistema democrático cuando no se le pone coto a tiempo. Porque implica siempre que el poder de una autoridad determinada se pone al servicio de intereses particulares espurios en lugar de servir al interés general. Esto determina lo que la literatura especializada llama muy gráficamente la «captura del Estado". Es decir, la existencia de corrupción asegura unos cauces privilegiados de acceso al poder público (y a los recursos por él generados) para unos pocos intereses particulares.
Cuando un sistema político tolera o no lucha con suficiente eficacia contra estos brotes patológicos, las consecuencias suelen ser demoledoras. Las redes de corrupción dan lugar a sistemas de intercambio de recursos que suelen ser muy sólidos y que, si encuentran las circunstancias adecuadas -una cultura política poco exigente y un funcionamiento deficiente de las instituciones de control-, tienden a extenderse cada vez más. El ejemplo del GIL y su rápida expansión por toda la Costa del Sol ilustra muy bien este fenómeno. El resultado final es la deslegitimación de las instituciones pues, no en vano, la corrupción implica la violación de uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho de todos los ciudadanos a un trato igual por parte de los poderes públicos.
Es posible que algunos lectores de este artículo -por ejemplo, aquellos más en sintonía con el PSOE-, consideren que estoy siendo injusto al dar a entender que no se está actuando con suficiente contundencia frente a este problema cuando hemos tenido una legislatura muy prolífica en medidas contra la corrupción como el Código de Buen Gobierno (2005), la ley de regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado (2005), la nueva ley orgánica de financiación de los partidos (2007), la ley de contratos del sector público (2007) o la ley de suelo (2007). Es cierto que se han dado pasos importantes en una buena dirección, pero también que muchas de estas iniciativas podían haber sido mucho más efectivas sin mucho esfuerzo y con algo más de voluntad política. Otros lectores, como algún dirigente del PP con el que hablaba hace unas semanas, podrán objetar que, en realidad, y pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por la corrupción. Habría que reconocer de nuevo que hay mucho de verdad en esta apreciación. En los últimos seis años el porcentaje más alto de encuestados que ha señalado que éste era uno de los tres problemas principales del país no ha sobrepasado nunca el 3%.
Esa escasa inquietud nos sitúa ante una demostrada capacidad de los españoles para convivir con la corrupción como un mal menor, lo que encaja con una acendrada tradición popular de escaso reproche e incluso admiración hacia los comportamientos típicos de la picaresca. Estas actitudes constituyen un serio obstáculo para la lucha efectiva contra el problema y para el estímulo de los agentes que deben llevarla a cabo, al generar un clima de impunidad social que constituye un excelente caldo de cultivo para que florezcan estas prácticas delictivas.
Partidos políticos y medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en este terreno. La discusión pública sobre las prácticas corruptas de las que se tiene noticia suele filtrarse habitualmente a través de un prisma partidista que contribuye a fomentar las actitudes cínicas entre la ciudadanía. Y esto sucede tanto cuando se actúa como acusador (papel en el que los intereses electoralistas se anteponen al legítimo objetivo de limpieza de la vida pública), como cuando se trata de defender a los afectados por las imputaciones (donde la estrategia predominante consiste en arropar numantinamente a los acusados, al tiempo que se denuncian los intereses espurios de los acusadores). La conclusión social a la que conducen estos debates es a la de que «todos los políticos son iguales», no existiendo posibilidad real de tomarse la lucha contra la corrupción suficientemente en serio. Esta campaña electoral constituiría una excelente ocasión para que los partidos políticos asumieran la decisiva responsabilidad que tienen en esta tarea y nos obsequiaran con propuestas serias y con el necesario liderazgo que exige una tarea tan importante como ésta si queremos un sistema democrático eficiente.
