(José Antonio Zarzalejos, en El Confidencial)
“Sepa señor presidente que hoy, día de Sant Jordi, jornada cívica, flota en Catalunya la sensación de estar próximos a un avieso engaño”. Éstas eran las últimas frases del editorial de La Vanguardia de ayer viernes que, con bastante suavidad, verbalizan el sentimiento del catalanismo político, especialmente en el PSC, según el cual el Presidente del Gobierno habría utilizado el nuevo Estatuto de Autonomía con propósitos meramente tácticos. Ante la inviabilidad constitucional del texto aprobado y refrendado en 2006, sectores importantes de Cataluña se reflejan en las expresiones de Antonio Puigverd: una sentencia -ya inevitable- contraria al Estatuto catalán situaría a “los moderados catalanes, que son mayoría, ante un horrible dilema: o humillación o conflicto. Si esto es así, no le saldrá gratis esta vez la cena al Pinocho de la Moncloa”. En unas crípticas palabras, Jordi Pujol, ante el panorama creado en el TC respecto de la ley estatutaria, afirmaba el pasado lunes en un acto público que “los ignorantes no tienen derecho a hacer política”. Era, claro está, una referencia a Zapatero.
José Luis Rodríguez Zapatero ha engañado al PSC y a otros sectores que aspiraban a un nuevo Estatuto, traicionándolos conforme a un itinerario político que puede sintetizarse en el siguiente decálogo:
1) Cuando el presidente del Gobierno sostuvo que el concepto de Nación española es “discutido y discutible”, no sólo mostraba un enorme desapego, o una suma ignorancia, hacia el pilar del sistema político vigente consagrado en el artículo 2º de la Constitución, sino que, en términos generales, remitía un mensaje que los catalanistas no quisieron o no pudieron entender: para Zapatero todo concepto superior -sea el nacional, sean los simbólicos- son “discutidos y discutibles”. Por lo tanto, ese carácter relativo de la nación se refería también al que sostienen los catalanistas y los nacionalistas vascos.
2) Rodríguez Zapatero, a diferencia de González, es un hombre poco viajado y menos leído. Desconoce tanto el País Vasco (por eso, entre otras cosas, fracasó su proceso de paz con ETA) como Cataluña. De acuñación izquierdista, entiende los nacionalismos como expresiones burguesas y conservadoras, incluso aunque el catalanismo sea compartido por un sector amplio del PSC, que es el que comandabaPasqual Maragall que jamás llegó a sintonizar con el Presidente del Gobierno ni él con la gauche divine de la ciudad condal. En otras palabras: Zapatero está anímicamente más alejado de Cataluña y del País Vasco que ningún otro presidente anterior.
3) No obstante, la única manera que tenía Rodríguez Zapatero de hacer saltar la hegemonía de CiU en la Generalitat y llevar al PSC al poder, como prólogo de lo que podía ser y fue su victoria en las elecciones generales de marzo 2004, era prometer un nuevo Estatuto a Cataluña antes de las elecciones autonómicas de 2003. Lo hizo aceptando, dijo, el que enviase a Madrid el Parlamento catalán. Y aunque CiU obtuvo más escaños que el PSC en las elecciones, éste formó gobierno con ERC e ICV al amparo de esa promesa refundacional del autogobierno catalán, del que se excluyó a los nacionalistas y al PP.
4) Los socialistas redujeron en el Congreso el texto del Estatuto elaborado en Barcelona, pero siguieron avalando una ley orgánica con graves problemas de colisión con la Constitución, como denunciaron numerosos juristas -de diversa militancia- que fueron olímpicamente ignorados. Zapatero continuó adelante acordando en una reunión privada con Artur Mas en la Moncloa el capítulo relativo a la financiación, granjeándose así el apoyo de CiU al nuevo Estatuto.
5) Antes, en 2004, el presidente del Gobierno, y cuando ya estaba en trámite la elaboración del Estatuto catalán, promovió a Manuel Aragón Reyes a magistrado del Tribunal Constitucional, sabiendo toda la comunidad universitaria y jurídica que el catedrático de Derecho Constitucional se había pronunciado en textos académicos y periodísticos acerca de la unidad de la nación española, la inaplicación del concepto de “nación de naciones” y a favor de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
6) El presidente del Gobierno dejó -pese a que había una propuesta sobre la mesa- que el Tribunal Constitucional no se renovase en tiempo y forma, prorrogando, incluso, la jurisdicción de la presidenta, María Emilia Casas, especialista en Derecho Laboral, alejada del derecho público, de personalidad insuficiente para liderar los debates y persuadir a catedráticos y magistrados de una envergadura superior a la suya -desde el propio Aragón hasta Guillermo Jiménez-.
7) Los propios magistrados propuestos por el PSOE -derrotados en la votación de la quinta ponencia de la sentencia- se han mostrado partidarios de oponer graves tachas de inconstitucionalidad al Estatuto catalán, tachas que se incorporaban bien en el fallo, bien en el fundamento jurídico conclusivo. De ahí que en Cataluña hayan llegado a la conclusión de que tan “verdugos” del Estatuto (como ha escritoJordi Barbeta) eran los conservadores como los progresistas.
8) Al presidente del Gobierno, por razones no explicadas con transparencia, no le interesa ahora la renovación del Tribunal Constitucional como reclama el PSC y CiU, ni la modificación de la Ley Orgánica que lo regula, de tal manera que el grupo socialista no apoyará ninguna de las peticiones que se hagan en este sentido en el Congreso de los Diputados aún a costa de agrietar el socialismo y poner en peligro su cohesión. Veinticinco de los 169 diputados socialistas son del PSC.
9) Zapatero, demostrando su falta de creencia en las posibilidades inmediatas del PSC y del Gobierno tripartito, está haciendo un despliegue de seducción con CiU, coalición preferente en los pactos de carácter socio-económico. Montilla ha declarado al respecto: “No me molesta que PSOE y CiU pacten, pero cuando exhiben trofeos, me da risa”.
10) El presidente del Gobierno consistió y hasta alentó el llamado Pacto del Tinell (14 de diciembre de 2003) que trató y consiguió aislar al PP en Cataluña, se negó a pactar con el primer partido de la oposición el Estatuto -al menos a intentarlo- porque calculó, y ahí acertó que Rajoy lo impugnaría ante el Constitucional y que ocurriría exactamente lo que está ocurriendo: que había hecho una promesa táctica al catalanismo, que prosperaría inicialmente, pero que decaería por inconstitucionalidad bajo el liderazgo de un magistrado progresista -azañista por más señas,Manuel Aragón, que a nadie ha engañado, ni nada ha simulado- nombrado a propuesta del PSOE.
Y así, ni más ni menos, Zapatero ha consumado una taimada traición al catalanismo cuya responsabilidad consiste en dejarse engañar. El Presidente ha humillado -esa es la verdad- al PSC y a amplios sectores catalanes desentendiéndose por completo de la suerte del Estatuto. Y ha cometido un nuevo y quizás definitivo error que puede costarle muy caro, no sólo en términos electorales, sino también en la unidad de su partido. Este presidente -¿alguien tiene ya duda?- forma parte del problema de la crisis institucional española y en modo alguno de la solución que precisa. Jamás debió jugar con los valores superiores de la Constitución y jamás debió engañar sobre su adaptación a pretensiones que los rebasaban.
2) Rodríguez Zapatero, a diferencia de González, es un hombre poco viajado y menos leído. Desconoce tanto el País Vasco (por eso, entre otras cosas, fracasó su proceso de paz con ETA) como Cataluña. De acuñación izquierdista, entiende los nacionalismos como expresiones burguesas y conservadoras, incluso aunque el catalanismo sea compartido por un sector amplio del PSC, que es el que comandabaPasqual Maragall que jamás llegó a sintonizar con el Presidente del Gobierno ni él con la gauche divine de la ciudad condal. En otras palabras: Zapatero está anímicamente más alejado de Cataluña y del País Vasco que ningún otro presidente anterior.
3) No obstante, la única manera que tenía Rodríguez Zapatero de hacer saltar la hegemonía de CiU en la Generalitat y llevar al PSC al poder, como prólogo de lo que podía ser y fue su victoria en las elecciones generales de marzo 2004, era prometer un nuevo Estatuto a Cataluña antes de las elecciones autonómicas de 2003. Lo hizo aceptando, dijo, el que enviase a Madrid el Parlamento catalán. Y aunque CiU obtuvo más escaños que el PSC en las elecciones, éste formó gobierno con ERC e ICV al amparo de esa promesa refundacional del autogobierno catalán, del que se excluyó a los nacionalistas y al PP.
4) Los socialistas redujeron en el Congreso el texto del Estatuto elaborado en Barcelona, pero siguieron avalando una ley orgánica con graves problemas de colisión con la Constitución, como denunciaron numerosos juristas -de diversa militancia- que fueron olímpicamente ignorados. Zapatero continuó adelante acordando en una reunión privada con Artur Mas en la Moncloa el capítulo relativo a la financiación, granjeándose así el apoyo de CiU al nuevo Estatuto.
5) Antes, en 2004, el presidente del Gobierno, y cuando ya estaba en trámite la elaboración del Estatuto catalán, promovió a Manuel Aragón Reyes a magistrado del Tribunal Constitucional, sabiendo toda la comunidad universitaria y jurídica que el catedrático de Derecho Constitucional se había pronunciado en textos académicos y periodísticos acerca de la unidad de la nación española, la inaplicación del concepto de “nación de naciones” y a favor de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
6) El presidente del Gobierno dejó -pese a que había una propuesta sobre la mesa- que el Tribunal Constitucional no se renovase en tiempo y forma, prorrogando, incluso, la jurisdicción de la presidenta, María Emilia Casas, especialista en Derecho Laboral, alejada del derecho público, de personalidad insuficiente para liderar los debates y persuadir a catedráticos y magistrados de una envergadura superior a la suya -desde el propio Aragón hasta Guillermo Jiménez-.
7) Los propios magistrados propuestos por el PSOE -derrotados en la votación de la quinta ponencia de la sentencia- se han mostrado partidarios de oponer graves tachas de inconstitucionalidad al Estatuto catalán, tachas que se incorporaban bien en el fallo, bien en el fundamento jurídico conclusivo. De ahí que en Cataluña hayan llegado a la conclusión de que tan “verdugos” del Estatuto (como ha escritoJordi Barbeta) eran los conservadores como los progresistas.
8) Al presidente del Gobierno, por razones no explicadas con transparencia, no le interesa ahora la renovación del Tribunal Constitucional como reclama el PSC y CiU, ni la modificación de la Ley Orgánica que lo regula, de tal manera que el grupo socialista no apoyará ninguna de las peticiones que se hagan en este sentido en el Congreso de los Diputados aún a costa de agrietar el socialismo y poner en peligro su cohesión. Veinticinco de los 169 diputados socialistas son del PSC.
9) Zapatero, demostrando su falta de creencia en las posibilidades inmediatas del PSC y del Gobierno tripartito, está haciendo un despliegue de seducción con CiU, coalición preferente en los pactos de carácter socio-económico. Montilla ha declarado al respecto: “No me molesta que PSOE y CiU pacten, pero cuando exhiben trofeos, me da risa”.
10) El presidente del Gobierno consistió y hasta alentó el llamado Pacto del Tinell (14 de diciembre de 2003) que trató y consiguió aislar al PP en Cataluña, se negó a pactar con el primer partido de la oposición el Estatuto -al menos a intentarlo- porque calculó, y ahí acertó que Rajoy lo impugnaría ante el Constitucional y que ocurriría exactamente lo que está ocurriendo: que había hecho una promesa táctica al catalanismo, que prosperaría inicialmente, pero que decaería por inconstitucionalidad bajo el liderazgo de un magistrado progresista -azañista por más señas,Manuel Aragón, que a nadie ha engañado, ni nada ha simulado- nombrado a propuesta del PSOE.
Y así, ni más ni menos, Zapatero ha consumado una taimada traición al catalanismo cuya responsabilidad consiste en dejarse engañar. El Presidente ha humillado -esa es la verdad- al PSC y a amplios sectores catalanes desentendiéndose por completo de la suerte del Estatuto. Y ha cometido un nuevo y quizás definitivo error que puede costarle muy caro, no sólo en términos electorales, sino también en la unidad de su partido. Este presidente -¿alguien tiene ya duda?- forma parte del problema de la crisis institucional española y en modo alguno de la solución que precisa. Jamás debió jugar con los valores superiores de la Constitución y jamás debió engañar sobre su adaptación a pretensiones que los rebasaban.
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