Comienza a destaparse la 'trama de subvenciones del oasis catalán'

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La Generalitat destina las herencias de los ciudadanos sin descendencia a una asociación que organiza actos independentistas o contra el Tribunal Constitucional. Además, la actualidad devuelve el foco a 720.000 euros en informes que el Gobierno de Montilla reconoció “inútiles” y a los viajes de Carod. El último ha costado más de 22.000 euros. Diputados de CiU, PPC y Ciudadanos aportan más detalles a EL IMPARCIAL.

Alberto López Marín (EL IMPARCIAL)

José Montilla (PSC), Josep Lluis Carod Rovira (ERC) y Joan Saura (ICV) son las caras del tripartito Gobierno catalán. La mayoría absoluta que suman hace inútil el esfuerzo de una oposición unida en el descontento. No obstante, las cuentas, aunque cueste, van saliendo a la luz, sin el sonrojo de unos administradores que incluso reconocen deficiencias. Son varias las aristas de un secreto a voces y cada día menos secreto, lo que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha calificado a EL IMPARCIAL como “un entramado del despilfarro”, o lo que Jordi Turull, de la bancada de CiU, ha descrito, también a este periódico, como “una política de gastos al margen de la crisis”.

La actualidad dicta que el tema candente es el de los informes. Sobre ellos ha hablando a este medio Enric Millo, diputado autonómico y secretario de Economía y Empleo del PPC. Millo manifiesta que el Gobierno de Montilla, a la petición de los informes y estudios encargados y desarrollados desde 2005, "sólo ha dado cuenta de una muestra representativa de los ejecutados en 2007". A día de hoy, el Ejecutivo catalán no ha facilitado el listado de 2009, exigido por la oposición al sospechar que Cataluña sigue perdiendo dinero y haciendo agua por ese flanco.

De esa muestra facilitada de 2007 —nada se sabe de los informes del resto de años desde 2005-, el 16 por ciento de los documentos fue reconocido como inútil, bien porque estos no conseguían ningún fin, bien porque habían sido encargados a personal externo de la Administración cuando podrían haberlos realizado funcionarios o bien porque el coste de los mismos no se correspondía con su relevancia. Este no es un extremo que acoja la oposición sino un reconocimiento sin consecuencias políticas del propio Gobierno autonómico, máximo responsable de la realización de los informes. Enric Millo cree que los hechos “exigen dimisiones de alto nivel”.

Un dato llamativo es que durante ese 2007, el Ejecutivo catalán encargó 3.000 informes, más de 8 al día y más de 11 si se tienen en cuenta sólo los días hábiles. Ha quedado demostrado asimismo que muchos de ellos fueron hechos por funcionarios pero cargados a las arcas públicas como si los hubiera redactado un externo. Enric Millo deduce que la Generalitat “oculta información, desvía datos y admite errores sin que haya ningún coste”. Efectivamente, coste político no se ha dado, aunque sí económico: ese 16 por ciento de informes inútiles ha supuesto a Cataluña la pérdida de 720.000 euros. ¿A cuánto ascendería si se hicieran públicas las actuaciones que el Gobierno tripartito oculta entre 2005 y 2009?

En este sentido, CiU denunció hace un par de semanas los 8.500 euros pagados por cuatro informes de dos páginas, titulados "Inventario de las competencias de la Generalitat que se verán afectadas por tratados internacionales firmados por España en materia de Derechos Humanos o Vinculación con organizaciones y programas internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos en función de las competencias de la Generalitat en materia de relaciones exteriores, al amparo del nuevo Estatut". Lejos de valorar el peso de sus conclusiones, el precio de cada folio supera los 1.000 euros.

La veda se abrió aún más el pasado jueves, cuando el voto conjunto de los partidos de Gobierno posibilitó rechazar una iniciativa de CiU que pedía que se fiscalicen previamente los contratos menores del Ejecutivo de Montilla, es decir, los que tienen un coste inferior a 12.000 euros. Esto supone que aquellos que no superen esta cifra pueden ser encargados sin necesidad de que ningún control paralice o denuncie su ejecución. El tripartito suprimió esta fiscalización en 2004 a través de la Ley de Medidas Fiscales, normativa que acompaña a los Presupuestos de la Generalitat, con la excusa de “agilizar trámites”. Jordi Turull (CiU) fue quien peleó la pasada semana la recuperación de unos filtros que permitan una mayor racionalidad en el gasto público, pero Montilla, Carod, Saura y los suyos no estuvieron por la labor.

Los viajes de Carod y el “oasis” catalán

Desde la famosa foto de Carod Rovira con una corona de espinas en Jerusalén, los viajes del vicepresidente catalán se miran con lupa. En los últimos tiempos, el dirigente de ERC ha visitado Cuba, donde, del 5 al 7 de julio y en el marco de La huella catalana en el Caribe gastó 13.000 euros. Entre el 2 y el 6 de septiembre, junto a asesores, personal de seguridad y prensa, Carod voló a Uruguay y Argentina. En cuatro días, las facturas dicen que empleó 10.703 euros en desplazamientos, 5.901 en alojamiento y 5.611 en alquiler de coches y manutención. Un total de 22.266 euros.

Jordi Turull afirma a este periódico que “CiU apoya la proyección exterior de Cataluña”, pero matiza que “siempre y cuando se haga con austeridad”. A juicio del diputado, son “más importantes los resultados que los viajes en sí”, y sostiene que la clave reside en “viajar con dignidad pero sin ostentación”. En relación con esa proyección en el extranjero de la que habla Turull, Cataluña ha aprobado ya la creación de su sexta “embajada”, que se ubicará en México DF y que sumará presupuesto a los 70 millones de euros que, aproximadamente, le cuestan al año las de París, Londres, Berlín y Nueva York.

Por otra parte, Albert Rivera denuncia que “ya uno ni se puede morir tranquilo” y lo ilustra con el ejemplo del Òmnium Cultural. Las subvenciones que recibe esta asociación proceden de las herencias de ciudadanos sin descendencia. “Siete millones de euros para fines culturales que se dirigen a manifestaciones independentistas por un Estado catalán o contra el Tribunal Constitucional”, dice Rivera, que califica a Cataluña como un “oasis” donde gana vida un “entramado del despilfarro que fomenta y alimenta el nacionalismo”. Es por eso por lo que el presidente de Ciudadanos se pregunta: “¿Por qué no se controlan los fines?”

En la misma línea, Jordi Turull anima a hacer un esfuerzo para que se cumplan los fines a los que de antemano está destinada una ayuda, aunque subraya que, por encima de todo, “debe primar el apoyo al tejido asociativo” que incida en el “interés general”. Enric Millo desconoce la financiación a Òmnium Cultural, pero se atreve a declarar que “en Cataluña hay un mal uso del dinero público tanto en ayudas como en dietas o en exceso de cargos públicos”, hasta tal punto, señala del diputado del PPC, que “roza la ilegalidad”.

Por todos estos asuntos y otros muchos que “pueden salir a la luz si se rasca”, afirma Rivera, "Cataluña se juega su imagen". El presidente de Ciudadanos sostiene que “la realidad contrarresta” los abusos ya que, apunta, “Cataluña destruye empleo, los autónomos cierran sus negocios y la necesidad de crédito es manifiesta”. Enric Millo apunta también el ineficiente servicio público de empleo de la autonomía. El presidente de Ciudadanos incide en que hace falta que la oposición “tire de la manta” porque está en juego la credibilidad de las instituciones. Por su parte, Turull, además de exigir responsabilidades políticas, no quiere que nadie pase por alto que “la política de gasto de la Generalitat vive al margen de la crisis, prefiere apretar al ciudadano que apretarse el cinturón”.

Según Rivera, comienza a destaparse la "trama de subvenciones” del Gobierno catalán. Millo sintetiza todo lo narrado en que la Generalitat “invierte las prioridades” y concluye con un anuncio: “Esto no se acaba aquí”.