Veto acorde con el tabú nacionalista

El editorial de El Mundo reflexiona hoy, con sumo tino, sobre el veto a la campaña promovida por la Asociación por la Tolerancia.

LA EMPRESA privada que gestiona la publicidad de los autobuses de Barcelona ha vetado por «polémica» una campaña de la Asociación por la Tolerancia en la que daba a conocer el fallo del Supremo que obliga a la Generalitat a ofrecer la posibilidad de estudiar en castellano en las preinscripciones escolares. Se trata de una censura reveladora del régimen de tabúes vigente en una sociedad sometida al nacionalismo, y en la que muchos adjudicatarios de concesiones públicas se ven obligados a acatar valores y/o cautelas que nada tienen que ver con la libertad de empresa, ni con la libertad ideológica. Que el veto a una campaña destinada a reivindicar valores de la Constitución lo protagonice la misma empresa que no vio polémica alguna en los buses ateos sólo añade vergüenza al esperpento.

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION POR LA TOLERANCIA:

La empresa que gestiona la publicidad de los autobuses de Barcelona veta la campaña de la Asociación por la Tolerancia en defensa de la libertad de elección lingüística en la enseñanza.
La Asociación por la Tolerancia pretendía iniciar una campaña publicitaria hoy, lunes 16 de marzo, en los autobuses de Barcelona para difundir la sentencia del Tribunal Supremo del 12/12/2008. Esta sentencia obliga a la Generalitat a incluir un casillero en los impresos de preinscripción para que los padres puedan elegir la lengua oficial de escolarización de sus hijos en la primera enseñanza, tal como prevé la Ley de Política Lingüística de 1998, art. 21.2.

Desde mediados de Febrero, la Asociación por la Tolerancia tenía formalizado un precontrato y ya había abonado el 50 % del importe de la campaña, pero ésta no ha podido pasar el último filtro, el de la empresa PROMEDIOS -que gestiona en exclusiva la publicidad de los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)- la cual se ha negado a llevar a cabo dicha campaña, aduciendo: “Somos una empresa privada que nos dedicamos a comercializar soportes publicitarios a clientes comerciales. Una campaña como esta crea polémica y puede hacer daño al medio”.

Consideramos un mal síntoma para una sociedad que se considere que publicitar una sentencia del Tribunal Supremo -que abunda en el sentido de otras cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- pueda generar polémica y supuestos daños. La sociedad en general, pero nuestros políticos muy en particular, deberían sentirse avergonzados de que se ponga trabas a la difusión en libertad de un derecho, el de optar a la enseñanza en lengua materna, amparado por las leyes y los tribunales y recomendado por organismos internacionales como la UNESCO.

Esta misma libertad que ahora se nos niega, la de ser educado en lengua materna, fue utilizada como bandera en la Transición por el mismo nacionalismo que ahora trata de escamotearla a la sociedad.

Creemos que ha llegado la hora de que el Gobierno central se decida a tomar iniciativas destinadas a proteger los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de la parte del territorio donde vivan.

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